La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 336 votos a favor y 142 en contra, el primer proyecto que regula la reforma fiscal en Brasil. El ponente fue Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
El texto final del reglamento de esta reforma tendrá repercusiones en el consumo de los brasileños y en la economía nacional en los próximos años, destacándose la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será el más alto del mundo con un 27,1%.
Por otro lado, la prensa brasileña ha revelado recientemente cómo una operación comercial llevada a cabo por los hermanos Joesley y Wesley Batista para adquirir plantas eléctricas en el estado de Amazonas con respaldo del gobierno de Lula impactará negativamente en las facturas de electricidad de los contribuyentes durante al menos 20 años.
También se anticipan numerosos cambios en el ámbito sanitario que tendrán repercusiones significativas en el futuro. La reforma contempla por primera vez la salud de los animales domésticos en un país como Brasil. Más controvertida es la situación de la atención sanitaria privada, que hasta ahora ha contribuido considerablemente a aliviar la carga del frágil sistema público de salud, conocido como SUS.
Históricamente, las exenciones fiscales han permitido a las empresas brasileñas ofrecer seguros médicos como parte de los beneficios contractuales para los empleados. Actualmente, el 71% de los beneficiarios, es decir, 36 millones de personas, están cubiertos por planes colectivos de empresas según los datos más recientes de la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS).
Esta cifra masiva podría verse afectada drásticamente si, producto de esta reforma tributaria, se elimina o reduce este beneficio, lo cual tendría un impacto devastador en el sistema público. De hecho, la propuesta establece que las empresas privadas ya no podrán reclamar créditos fiscales por ofrecer seguros médicos privados a sus empleados, lo que aumenta el riesgo de que dejen de ofrecer este beneficio.
El llamado "impuesto al pecado", que aplica recargos sobre productos considerados perjudiciales para la salud y el medio ambiente, como refrescos, alcohol y cigarrillos, ha generado controversia. A pesar de esto, las armas y municiones quedan excluidas debido al fuerte lobby armamentista en el Parlamento.
Sin embargo, el sector automovilístico es el más crítico. La nueva reforma también incorpora a los vehículos eléctricos en el impuesto al pecado, lo cual contrasta fuertemente con las "políticas ecológicas" del gobierno. Esta medida también afecta negativamente al sector de vehículos eléctricos chinos, apoyado por el gobierno brasileño.
Es probable que detrás de esto haya temor por parte de la industria nacional ante la competencia de Pekín, que ha estado ganando terreno en el mercado brasileño. Sin embargo, China se ve favorecida por otra medida incluida en el proyecto de ley. Las empresas ensambladoras de vehículos ubicadas en las regiones menos desarrolladas del noreste brasileño, donde tienen sede empresas extranjeras como la china BYD o la ítalo-francesa Stellantis, pagarán la mitad de impuestos en comparación con las del sur.
La nueva reforma fiscal busca, entre otras cosas, aumentar la recaudación del Estado, especialmente debido al déficit en el gasto público generado por el gobierno de Lula da Silva, que alcanzó los 138,3 billones de reales (25,5 billones de dólares) en mayo, una de las cifras más altas en años recientes.
Los primeros afectados serán los trabajadores más vulnerables, como los conductores de aplicaciones. Según el primer censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dedicado a ellos en 2023, son aproximadamente 1,5 millones de microempresarios.
Con la reforma, esta categoría, que actualmente goza de una exención municipal en el impuesto sobre los servicios, enfrentará la aplicación de dos nuevos impuestos: el impuesto sobre bienes y servicios (IBS) y la contribución sobre bienes y servicios (CBS). En total, se estima que la categoría deberá pagar un impuesto del 26,5% sobre los ingresos brutos, que incluirá los gastos de mantenimiento, combustible e impuestos del vehículo.
Varios conductores de aplicaciones han expresado su intención de dejar este trabajo debido al impacto esperado en sus ingresos netos. La Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología (Amobitec), que representa a las aplicaciones de transporte, también está preocupada porque esta medida tendrá repercusiones negativas tanto para los trabajadores como para el precio final para el consumidor.
Es crucial recordar que en una sociedad tan desigual en términos de ingresos como la brasileña, estas aplicaciones han permitido que muchas familias generen ingresos decentes, a los cuales, en la mayoría de los casos, no habrían tenido acceso con su nivel educativo. Además, en el contexto de un sistema de transporte público deficiente, especialmente en las grandes ciudades, estas aplicaciones han democratizado el transporte, permitiendo que incluso personas de bajos ingresos puedan desplazarse en coche desde áreas periféricas.
Según la propuesta, el sector inmobiliario también enfrenta el riesgo de que los compradores eviten adquirir propiedades debido a cambios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Inmobiliarias (ITBI). Anteriormente, este impuesto se pagaba una vez que se formalizaba la compraventa y se inscribía la propiedad en los registros públicos, pero ahora se pretende pagarlo por adelantado en el momento de la formalización del contrato.
Esta medida ha recibido críticas por parte de expertos fiscales debido al riesgo de litigiosidad, ya que podría entrar en conflicto con el Código Civil y con decisiones previas del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El próximo paso para este proyecto de ley es su análisis en el Senado en agosto. Si los senadores introducen modificaciones, el proyecto volverá a la Cámara para una nueva votación, que será determinante para la aprobación final de la reforma. Posteriormente, solo restaría la firma del Presidente Lula para su promulgación.
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